Eso que llaman ‘viveza’

¿Qué tienen en común el colapso del edificio Space, en Medellín, el accidente donde perdieron la vida 33 menores de edad en Fundación, Magdalena, y la muerte de la joven María Camila Velandia, en el río Amazonas? La respuesta es simple: en todos estos casos se violó alguna norma.

Por desgracia, la manía de saltarse la ley es una práctica muy común en Colombia y tiene sus raíces en el seno mismo de tantos hogares y colegios en los que los niños ven cómo sus padres o sus maestros hacen y deshacen con las normas, a la sombra de una mal entendida viveza. “El colombiano no se vara” suele decirse popularmente y esa supuesta habilidad da licencia para todo: permite exceder los límites de velocidad, cobrar bonos escolares disfrazados de contribuciones voluntarias, comprar videojuegos piratas, colarse en las filas, fotocopiar libros enteros, bajar películas ilegales de Internet y, en fin, incurrir en innumerables conductas contrarias a la ley, pero que son ya tan cotidianas que se repiten y se repiten indefinidamente, debido a que no pasa nada.

Según declaraciones de la canciller María Ángela Holguín, en el accidente en que murió la alumna del English School quedó en evidencia que los señores de Bluefields –la empresa organizadora del paseo– incumplieron varias normas, empezando por la que obliga a navegar solo a partir de las 5:00 de la mañana.

Hay mucho por hacer en este país disfuncional donde al que cumple las normas lo tildan de bobo, mientras que al ladrón lo califican de vivo, al pícaro lo describen como avispado y al contrabando le dicen economía informal.

Cosa similar ocurrió en el diseño y la construcción del edificio Space. “De haberse dimensionado adecuadamente las columnas del edificio de acuerdo con la normativa vigente, la probabilidad de falla de la columna crítica del edificio sería muy baja (inferior al 0,1 %)”, señala un estudio elaborado por la Universidad de los Andes y divulgado por la Alcaldía de Medellín. Pero no, el condominio fue mal construido y el errorcito le costó la vida a una docena de personas.

Y en el caso de los niños que perecieron calcinados en Fundación, el pasado mes de mayo, se denunció que el bus en que viajaban era prácticamente una bomba con llantas, ya que en ese mismo vehículo se transportaban varios bidones de gasolina, cosa que no es legal, pero tampoco extraña en esa zona del país.

En estos tres casos otra similitud es la falta de control por parte del estado, de eso que llaman los “entes reguladores”. De poco o nada sirve que luego de tragedias como estas el Fiscal, el Procurador, el Defensor del Pueblo o los ministros salgan a rasgarse las vestiduras y a anunciar investigaciones exhaustivas que sabemos –como lo saben tan bien quienes se saltan las normas– que no van a conducir a ninguna parte. La gracia sería que se tomaran las medidas antes de los siniestros, no después.

Pero los particulares no son los únicos que le maman gallo a la ley impunemente. También lo hacen los mandatarios que modifican tramposamente articulitos de la Constitución para ajustarlos a sus propios intereses; los militares que se extralimitan en el cumplimiento de su deber y terminan asesinando inocentes para presentarlos como terroristas muertos en combate; los funcionarios que incumplen las sentencias de la Corte Constitucional y no hacen nada por combatir el hacinamiento en las cárceles; los alcaldes que se quedan con millonarias tajadas de los contratos que asignan; los gobernadores que se alían con la mafia para liquidar a sus adversarios; los magistrados que se lucran del carrusel de las pensiones o los congresistas que se ponen al servicio de grupos armados ilegales.

Hay mucho por hacer en este país disfuncional donde al que cumple las normas lo tildan de bobo, mientras que al ladrón lo califican de vivo, al pícaro lo describen como avispado y al contrabando le dicen economía informal.

Colofón. Si el exministro Juan Carlos Echeverry hubiera imaginado el daño que le iba a causar al gobierno con su desafortunada metáfora de la mermelada…

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Twitter: @Vladdo