Aló, presidente

Está mal enfocado el revuelo que se ha armado a raíz de las intereceptaciones telefónicas, de las cuales no se salvan ni los más altos funcionarios del Estado. Obviamente es grave –y hasta peligroso– que se estén grabando las comunicaciones del propio Presidente de la República, así como las de otros personajes del gobierno, el Congreso, las Cortes, los partidos políticos o los medios; pero es igualmente delicado que se esté haciendo lo mismo con las conversaciones de cualquier ciudadano común.

Por ejemplo, la grabación de la conversación entre los doctores Álvaro Uribe y César Julio Valencia Copete, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, aunque no revela nada, siembra muchos interrogantes acerca de la seguridad de los conmutadores de Palacio y sobre la seguridad de la CSJ, organismo que tiene a cargo nada menos que el proceso de la para-política.

Sin embargo, más allá de lo preocupante que pueda ser la inseguridad telefónica que se vive desde hace tiempo en el país, hay otros factores que se deben tener en cuenta. Por un lado, aunque las interceptaciones telefónicas sin orden judicial son ilegales, el hecho de publicarlas no debería convertir a los medios de comunicación en cómplices de dicho delito, tal como lo han querido insinuar algunos funcionarios del gobierno como la Ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra.

El año pasado, cuando la revista Semana divulgó unas conversaciones que demostraban cómo los paramilitares desmovilizados seguían haciendo de las suyas desde la cárcel de Itagüí, la polémica se centró en la forma como la revista obtuvo las grabaciones y no en el contenido de las mismas. Peor aún: aunque a raíz de dicho reportaje fueron destituidos fulminantemente 12 generales de la Policía, hasta la fecha poco o nada se sabe de los responsables de los hechos denunciados por la revista.

Meses después, al conocerse el contenido de una llamada del presidente Uribe con un hombre apodado ‘La Mechuda’, muchos pusieron el grito en el cielo, no por el nivel de confianza entre el Presidente de la República y alguien supuestamente incurso en un delito, sino por la filtración de la conversación. En algunos apartes de la misma, Uribe decía: “un gobierno que ha procedido con toda honradez y usté (sic) abusando de la amistad que aquí se le ha tenido…” Me pregunto: ¿por qué nadie indagó acerca de esa ‘amistad’? El Presidente nunca dijo cómo era su cercanía con ese señor, pero a juzgar por el saludo (“A ver, Mechudo…”) era evidente que era alguien de su confianza.

Peor aún: más adelante en la misma grabación, el interlocutor del presidente dijo: “No, no, no. A ver, un momentico… Yo fui y hablé con él porque se acuerda que los dos… Le había dicho Presidente por qué no me colabora de pronto a meterme ahí a trabajar, a administrar eso… ¿Se acuerda que los dos habíamos hablado…?” Así y todo, nunca supimos cuál era –o sigue siendo– la relación de ‘La Mechuda’ con el gobierno o con el Presidente. Nuevamente, lo más grave era quién y cómo había hecho la grabación y no lo que en ellas se dice. Y por ahí no es la cosa.

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