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Lo malo de que gane Barack Obama es que, indudablemente, como presidente de Estados Unidos, va a tener que ceñirse a un libreto predefinido, entre cuyas prioridades está la preservación de la supremacía de su país en el mapa geopolítico internacional; tarea para la cual tendrá que echar mano de cuantas herramientas tenga a su alcance, como cabeza de la primera potencia mundial.

Un gobernante siempre debe tratar de sacar el máximo provecho para su país, y en eso los presidentes gringos son unos maestros. Otra cosa son los procedimientos para cumplir ese propósito, que en el caso del Tío Sam no siempre son los más claros, ni los más justos ni equilibrados… Así que en ese aspecto Obama puede ser un presidente más.

Lo bueno de un triunfo del senador de Illinois, aparte de que marcaría un hito como primer presidente negro de Estados Unidos, es que de alguna manera puede ponerle coto a la actitud non sancta de un tipo como Uribe, que tendría que replantear algunas cosas de su cuestionable estilo de gobierno, cuyas oscuras sombras empiezan a emerger. De alguna forma Obama le puede poner un tatequieto a los atropellos de la seguridad democrática, que tanto apoyo ha recibido del señor Bush.

Por otra parte, Obama es más abierto en temas como los derechos de las minorías y de los homosexuales, así como en el espinoso asunto del aborto.

Por eso prefiero que gane Obama… Y como están las cosas, tendría que suceder algo extraordinario para que McCain ganara. En cinco días lo sabremos…

La purga sigue otros dos casos recientes en los cuales el Sr. Uribe ha sido avergonzado por las acciones de sus subordinados. El gobierno fue obligado a pedir una investigación sobre un video emitido en la CNN que mostró que, al contrario de sus desmentidos, la policía abrió fuego contra miles de manifestantes indios que exigen tierra, matando a dos manifestantes. Y la directora de inteligencia dimitió después de que fue revelado que un funcionario de medio rango de su agencia había espiado a Gustavo Petro, un senador de la oposición.

La única noticia buena para las fuerzas de seguridad fue la fuga de Óscar Tulio Lizcano, un ex senador que había sido mantenido como rehén durante ocho años por las FARC. [...] Las operaciones militares que permitieron este final feliz fueron “un honor para las fuerzas armadas colombianas”, declaró el Sr. Uribe. Tristemente, aquel honor parece haber sido opacado por el asesinato de civiles inocentes en otra parte del país.

Hacía rato que no lloraba con un artículo, pero me ocurrió al leer en Semana los testimonios de Jakeline Castillo y Luis Esteban Montes, dos colombianos del común, cuyos hermanos fueron asesinados y presentados luego como guerrilleros muertos en combates con el Ejército.

Sin recuperarme aún, pasé de la tristeza a la indignación al ver la rueda de prensa donde Juan Manuel Santos reconocía que una investigación interna de su despacho “encontró serios indicios de negligencia del mando” y anunció la destitución de tres generales y una veintena más de integrantes del Ejército, al parecer vinculados con el asesinato de civiles indefensos, en un hecho que sin duda representa el revés más serio que ha sufrido la política de seguridad democrática adoptada por Álvaro Uribe hace seis años. Ni la guerrilla, ni los paramilitares, ni los carteles de la droga le habían infligido un golpe tan fuerte a las instituciones militares.

Sin embargo, pese a la espectacularidad con la que el Primer Mandatario y su Ministro de Defensa salieron a anunciar las drásticas medidas, ésta es una purga incompleta, puesto que en semejantes circunstancias lo esperable hubiera sido que el general Mario Montoya, como cabeza del Ejército, pusiera el pecho. Es increíble que después de semejante remezón entre sus hombres, este oficial, cuestionado incluso por varias publicaciones extranjeras, siga tan campante. El año pasado, en la Policía Nacional, por las chuzadas a unos paras se cayó una docena de generales, incluído el director; en cambio aquí, a pesar de que hay varios muertos inocentes de por medio, el comandante del Ejército continúa inamovible. ¿Hasta cuándo le irán a durar los fusibles al general Montoya? ¿Por qué no seguirá el ejemplo de la ex directora del DAS, que por lo menos tuvo el coraje de asumir la responsabilidad política por los errores cometidos por sus subalternos?

Aunque en plena visita de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, esta depuración castrense le sirve de escampadero al Presidente, lo cierto es que es una preocupante señal de lo que está ocurriendo en las filas del ejército en materia humanitaria. Cínicamente, los áulicos de Uribe quieren convertir este episodio en una muestra de transparencia del actual gobierno, porque, según ellos, estas cosas también ocurrían anteriormente, pero no se sabían. Pero esa teoría carece de fundamento pues, según la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General, en la era Uribe las cifras de miembros de la Fuerza Pública investigados por ejecuciones extrajudiciales se han duplicado anualmente y han pasado de 7, en 2002, a 245, en 2007.

Y la historia no es nueva. Michael Frühling, como escribimos aquí hace poco, denunció sin éxito “violaciones graves, como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, pero fue acusado de no comprender la realidad del país y el gobierno le hizo la vida imposible hasta hacerlo retirar del cargo de Director de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. Desgraciadamente, Frühling tenía razón.